Existe una ambición que recorre como un hilo conductor toda la modernidad filosófica, política y científica: la de conocer al ser humano con suficiente precisión como para edificar sobre ese conocimiento sistemas normativos legítimos, estables y justos. Esta ambición no es trivial ni superficial. Es, en muchos sentidos, el proyecto más serio que la razón occidental se ha propuesto desde el siglo XVII: sustituir la autoridad revelada, el dogma teológico o la tradición heredada por un saber empírico y verificable sobre la naturaleza humana. Si pudiéramos describir con rigor lo que el ser humano es —sus motivaciones, sus límites, sus tendencias estructurales—, entonces podríamos diseñar instituciones que se ajustasen a esa realidad en lugar de imponerse contra ella. La ley, el mercado, el Estado, la moral pública: todo reposaría sobre una base sólida, no sobre la arena de la creencia o la conveniencia del poderoso.
Este supuesto moderno tiene una apariencia de irrefutabilidad casi seductora. ¿No es acaso lo correcto fundar las normas sobre hechos, y no sobre ficciones? ¿No resulta más honesto un sistema que reconoce lo que los seres humanos realmente son, antes de prescribir lo que deberían ser? La respuesta instintiva es afirmativa, y en esa respuesta radica precisamente la trampa. Porque el problema no es la aspiración en sí misma —conocer al ser humano para gobernar mejor—, sino la suposición implícita de que tal conocimiento puede ser, en algún sentido significativo, objetivo, neutral y universalmente válido. Esa suposición es la que el pensamiento contemporáneo ha ido desmantelando con creciente rigor, aunque con escasa repercusión práctica sobre los sistemas que siguen operando como si dicho conocimiento existiera.
